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Miércoles, 4 de noviembre de 2026
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VE sin Filtro denuncia 140 dominios bloqueados pese a lo dicho por Jorge Rodríguez en Venezuela

La organización VE sin Filtro desmiente al presidente de la Asamblea Nacional, que afirmó que todos los portales de medios habían sido desbloqueados.

VE sin Filtro denuncia 140 dominios bloqueados pese a lo dicho por Jorge Rodríguez en Venezuela
Foto: Prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela (Public domain), vía Wikimedia Commons
Redacción Acento Venezuela

La organización VE sin Filtro desmintió este martes 3 de noviembre al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró en una sesión ordinaria del Parlamento que todos los portales de medios de comunicación habían sido desbloqueados en Venezuela. Según la organización, 140 dominios de Internet siguen restringidos en el país.

En una publicación en su cuenta de X, VE sin Filtro afirmó: «Es falso que todos los medios de comunicación hayan sido desbloqueados». Entre los sitios que continúan bloqueados, la organización mencionó a Armando.info, Infobae, VPITV y NTN24. También señaló que más de 30 dominios de herramientas para evadir la censura y de redes privadas virtuales (VPN) siguen restringidos.

El último reporte de la organización, emitido el 30 de octubre, contabilizaba 140 dominios bloqueados, pese a las recientes medidas que levantaron restricciones a portales como La Patilla y El Nacional. VE sin Filtro advirtió que la habilitación de dos portales no significa el fin de la censura digital.

Cifras de desbloqueo

  • Hasta el 29 de octubre, se habían desbloqueado 48 dominios en todos los proveedores de Internet.
  • Otros 74 dominios se habían desbloqueado en al menos un proveedor.

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron durante la primera discusión en la Asamblea Nacional sobre la reforma parcial de la Ley contra el Odio. Tras su aprobación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la decisión y retiró su exigencia de derogar completamente la legislación.

El SNTP advirtió que el proyecto elimina las penas de prisión de entre 10 y 20 años previstas en la normativa de 2017, pero mantiene mecanismos de control sobre la expresión pública, incorpora sanciones económicas elevadas y atribuye al Ejecutivo facultades para investigar y sancionar administrativamente la difusión de mensajes y opiniones. Según el sindicato, en nueve años la ley ha sido usada para perseguir a periodistas, trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos y ciudadanos.

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