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Viernes, 20 de noviembre de 2026
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Informe de Transparencia Venezuela documenta 154 casos de corrupción y 36.115 millones de dólares

Un estudio de 170 páginas de Transparencia Venezuela vincula a Nicolás Maduro Moros con una red de 651 personas y 154 casos de corrupción.

Redacción Acento Venezuela

Transparencia Venezuela presentó en septiembre de 2026 un estudio de 170 páginas que reconstruye la relación entre el Estado venezolano, Petróleos de Venezuela (PDVSA), el sector empresarial y las economías ilícitas. El documento se titula Corrupción, captura del Estado y redes transnacionales en Venezuela y se centra en la posición de Nicolás Maduro Moros dentro de la red.

Tras una década de revisión de gacetas oficiales, sentencias y registros mercantiles, la organización sistematizó 154 casos de corrupción, 865 empresas y una red de 13.521 actores con 30.467 relaciones entre sí. Los casos comprometen fondos públicos por al menos 36.115 millones de dólares, cifra calculada sobre los 96 expedientes que tienen montos determinados.

Casos en tribunales de otros países

Según el estudio, 110 casos llegaron a tribunales de 26 países, encabezados por Estados Unidos (37), Argentina (20), España (10), Colombia (7), Suiza (4) y Ecuador (4). Otros 28 casos se tramitan en 20 naciones más, y 44 permanecen en el ámbito nacional. Los datos tienen corte a agosto de 2026.

Estructura de la red

El informe señala que el 78,15 % de los actores sigue conectado al núcleo de la red. Ese porcentaje baja apenas a 77,71 % sin Maduro y a 74,92 % sin los diez actores más centrales, lo que, según la organización, indica que la estructura no depende de una sola persona.

El estudio distingue tres niveles: los actos directos, como nombramientos, decretos y cambios de mando; las transformaciones institucionales, como la concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos y la pérdida de autonomía judicial; y las convergencias con empresas, PDVSA, evasión de sanciones y economías ilícitas, que el informe considera que “exigen más investigación”.

La organización aclara que el documento es un apoyo analítico y no determina responsabilidad penal, que corresponde a los tribunales.

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