Transparencia Venezuela propone una autoridad para auditar compras del Estado antes de pagar
La ONG propone crear la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas y derogar la Ley Antibloqueo, tras documentar más de 240 obras inconclusas en 22 estados.
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó una propuesta para instaurar un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Abiertas en Venezuela. El plan busca blindar las compras y adjudicaciones del Estado y frenar el desvío de fondos. Su eje es la creación de la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas (ANCP), con funciones de registro, seguimiento en tiempo real, publicación de condiciones contractuales y alertas tempranas antes de que se ejecute el gasto.
Según el diagnóstico de la ONG, citando estimaciones de Transparencia Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las pérdidas por irregularidades en compras estatales oscilan entre el 10 % y el 25 % del valor de los contratos. En Venezuela, la organización documentó más de 240 obras inconclusas en 22 estados, además del deterioro de servicios como electricidad, agua y transporte.
La ANCP sería un instituto público autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. La ONG descartó vincularla a la Presidencia de la República, a la que atribuye el origen de la Ley Constitucional Antibloqueo de 2020, o al Poder Ciudadano. Su Consejo Directivo tendría cinco miembros y la Dirección Ejecutiva, cinco años de mandato, todos seleccionados por concurso público.
El sistema abarcaría a toda persona jurídica que maneje fondos públicos, incluidas gobernaciones, alcaldías, fideicomisos en el exterior y empresas estatales como la industria petrolera. La organización denuncia un «sabotaje normativo» mediante leyes paralelas y decretos de excepción, y cita como ejemplo las contrataciones directas ejecutadas tras el sismo del 24 de junio de 2026.
Hoja de ruta
Durante los primeros 100 días, la propuesta contempla instalar una comisión multiactor, levantar un censo de entes contratantes, inventariar las normas de excepción y lanzar un plan piloto voluntario de datos abiertos con entre 5 y 10 instituciones. En el primer año se proyecta aprobar el nuevo marco legal, que derogaría expresamente la Ley Antibloqueo, designar autoridades por concurso y desplegar la plataforma digital.
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