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SNTP exige derogar la Ley contra el Odio por promover la censura

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pide derogar, y no solo reformar, la norma que el chavismo impulsa modificar en la Asamblea Nacional.

SNTP exige derogar la Ley contra el Odio por promover la censura
Foto: Wilfredor (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons
Redacción Acento Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este 4 de noviembre que la Ley Contra el Odio debe ser derogada, y no reformada, porque promueve la censura en la sociedad civil. El pronunciamiento llega después de que la Asamblea Nacional del 2025, liderada principalmente por el chavismo, aprobara en primera discusión una reforma que sustituye la prisión por multas que pueden superar los 10 000 dólares.

Según el gremio, la ley ha sido usada para detener arbitrariamente a periodistas y civiles. Las ONG Foro Penal y Cecodap estiman que más de 900 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias tras la promulgación de la norma y el uso de sus artículos «punitivos».

El SNTP sostiene que la reforma mantiene conceptos vagos como odio, temor, angustia y zozobra, que podrían usarse para denunciar sin discreción. Aunque el texto ya no penaliza la labor periodística, la aplicación de las imputaciones queda en manos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En un comunicado, el gremio afirmó que «esta ambigüedad incumple las exigencias de precisión de las normas sancionadoras y favorece la arbitrariedad y la autocensura».

Crítica al titular del ministerio

El SNTP recordó que el despacho está dirigido por Diosdado Cabello, a quien acusa de haber usado espacios de comunicación pública para señalar y descalificar a periodistas y medios independientes.

Durante la sesión del 3 de noviembre, diputados del Grupo Parlamentario Libertad denunciaron que sus mociones para derogar la Ley contra el Odio han sido censuradas dentro del hemiciclo, controlado principalmente por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

El gremio exige a la Asamblea Nacional asumir las consecuencias de nueve años de aplicación de la norma y que cualquier discusión incorpore la participación de víctimas, periodistas, sindicatos, medios y organizaciones de derechos humanos.

  • Detenciones: más de 900 personas, según Foro Penal y Cecodap.
  • Multas: pueden superar los 10 000 dólares.

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