OVP denuncia retrasos judiciales y restricciones a militares en huelga de hambre en Ramo Verde

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 10 de noviembre nuevas irregularidades en las condiciones de reclusión de los 34 militares que permanecen en huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, Venezuela. La organización advirtió sobre el retraso de sus procesos judiciales, la falta de atención médica y presuntas restricciones impuestas por las autoridades penitenciarias.

Uno de los principales reclamos corresponde a los 21 sargentos vinculados al caso Cotiza. Según el OVP, su sentencia de 2022 fue anulada en 2024, pero solo en abril de 2026 fueron convocados a una nueva audiencia preliminar, realizada por vía telemática ante un tribunal civil con competencia en terrorismo. En esa diligencia se dictó el sobreseimiento de los delitos imputados, excepto el de traición a la patria. Seis meses después, la primera audiencia de juicio aún no se ha celebrado.

Los abogados defensores solicitaron la aplicación de la amnistía ante el tribunal correspondiente, que dispone de 15 días hábiles para responder. También notificaron formalmente la huelga de hambre que mantienen los detenidos.

Restricciones y falta de atención médica

• Según la denuncia, Ramo Verde no cuenta con un médico y solo dispone de un enfermero.
• El OVP informó que, la mañana del 10 de noviembre, las autoridades cerraron el portón que impedía a los detenidos moverse entre la cancha y la torre donde permanecen recluidos.
• La organización denunció que el jefe de régimen presuntamente negó el acceso al agua y justificó su decisión diciendo que «solo recibe órdenes».

Familiares de los detenidos han expresado preocupación por cuadros de depresión y ansiedad en algunos de ellos. El OVP recordó que la Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre establece el respeto a la autonomía de quienes toman esa decisión y la prohibición de la alimentación forzada.

«Desde OVP exigimos al TSJ respuestas claras sobre el caso Cotiza. Y responsabilizamos al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre en Ramo Verde y exigimos la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas», escribió la organización.