Relatores de la ONU denuncian que el Estado venezolano no respondió sobre bloqueos de Conatel
Expertos de la ONU dicen que el Gobierno venezolano dejó vencer el plazo de 60 días para responder sobre el bloqueo de páginas web y servicios digitales.
El Gobierno de Nicolás Maduro dejó vencer el plazo de 60 días para responder a 14 preguntas que cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le formularon sobre los bloqueos sistemáticos de páginas web y servicios digitales en Venezuela. La comunicación, identificada con el código AL VEN 4/2026, fue enviada el 4 de septiembre de 2026 por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.
Los expertos señalaron que los bloqueos habrían sido ejecutados por los principales proveedores de Internet del país: Cantv, Digitel, Telefónica Venezolana C.A. (Movistar), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network. Según las denuncias, las órdenes emanan de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Las restricciones se habrían intensificado durante la campaña presidencial del 28 de julio de 2024 y en el periodo postelectoral.
Los relatores citan un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado el 26 de junio de 2026, que constata el «bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web». De ellos, 39 son medios de comunicación, además de una plataforma de redes sociales, 27 servicios de privacidad en línea y plataformas de distribución de contenidos multimedia.
Impacto durante el desastre
La ONU cuestiona el efecto de los bloqueos durante los terremotos del 24 de junio de 2026. Aunque se levantó temporalmente el bloqueo a la red social X, la mayoría de las páginas web y medios de comunicación permanecieron inaccesibles. Según los expertos, esto afectó la difusión de reportes sobre la magnitud del desastre, la asistencia humanitaria, la búsqueda de personas desaparecidas y otros asuntos de interés público.
- Los expertos alertan de que las órdenes de Conatel «podrían no haber cumplido» garantías previstas en la legislación nacional.
- Piden al Estado prevenir impactos adversos de los proveedores de Internet, en línea con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
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