Más de 20 ONG dicen que la reforma de la Ley contra el Odio no atiende a las víctimas
24 organizaciones venezolanas advierten que la reforma aprobada en primera discusión por el Parlamento no contempla la liberación de presos políticos.
Un total de 24 organizaciones venezolanas advirtieron este miércoles 4 de noviembre que la reforma de la Ley contra el Odio «no ofrece una respuesta integral a las víctimas». Según el comunicado firmado por las ONG, entre ellas Provea y Espacio Público, la reforma tampoco contempla la liberación de presos políticos ni el cierre de sus causas judiciales.
Los colectivos sostienen que la norma mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Señalan que conceptos como el «hostigamiento», definido por el «temor, angustia o zozobra» que cause una conducta, son imprecisos y abren espacio a interpretaciones arbitrarias que podrían castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público.
Las organizaciones reiteraron que se derogue la ley, a la que atribuyen graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso.
Primera discusión en el Parlamento
El pronunciamiento llega un día después de que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobara en primera discusión la reforma, tal como había solicitado en septiembre la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La reforma debe superar una segunda discusión para ser aprobada.
Según el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante, la reforma busca eliminar las penas de prisión y sustituirlas por multas y trabajo comunitario. También prevé sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación, eliminando la revocación de concesiones, y multas a quienes incumplan la prohibición de mensajes de odio en redes sociales.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento, mayoritariamente opositor. Según datos de la ONG Foro Penal difundidos en septiembre, al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de la norma.
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