Minería y crisis climática amenazan a los pueblos indígenas en Venezuela, alertan lideresas

Lideresas indígenas y organizaciones no gubernamentales alertaron en el foro «Voces Indígenas, ambiente y cambio climático en la transición venezolana», organizado por Provea, Clima 21 y Wayamoutheri, sobre el avance de la minería en los estados Bolívar y Amazonas. Según advirtieron, la actividad provoca desplazamientos forzados, más violencia y deforestación acelerada de territorios ancestrales en Venezuela.

Jersy Delgado, periodista indígena warekena, afirmó que la Corporación Venezolana de Minería está en el estado Amazonas, pese a que la ley prohíbe la actividad minera allí, «formando a la gente y dando planillas para un registro de mineros artesanales». Según Delgado, las autoridades locales responsabilizan solo a las comunidades indígenas de la extracción ilícita. También denunció la desprotección en la frontera entre Amazonas y Bolívar, donde fueron asesinados los líderes piaroa (hottuja) Alberto González y Alberto Tovar.

Ana Figueroa, educadora y lideresa indígena pemón, denunció que los pueblos originarios no fueron consultados para la reforma de la Ley Orgánica de Minas, aprobada en abril de este año. Según relató, la respuesta de sus representantes en la Asamblea Nacional fue: «no pierdas tu tiempo que ya la ley está aprobada».

Concesiones y consulta previa

• La nueva ley crea las «brigadas mineras», habilita concesiones de hasta 50 años con opción a prórroga y permite el arbitraje nacional e internacional.
• Según el biólogo Alejandro Álvarez, de Clima 21, unos 200.000 indígenas, el 28% de la población indígena del país, están en riesgo grave por la crisis climática.

La investigadora Linda Bustillos, del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA), señaló que la norma exonera total o parcialmente de impuestos a esas agrupaciones y omite la consulta previa, libre e informada. Además, afirmó que no se entregan títulos de tierras desde 2014. Álvarez advirtió que el Estado debe reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de la política de adaptación climática.