Laboratorio de Paz cuestiona la reserva del acuerdo militar con Estados Unidos y la falta de aprobación parlamentaria
La ONG Laboratorio de Paz identifica cinco aspectos de derechos humanos preocupantes en el acuerdo militar firmado el 18 de noviembre por Venezuela y Estados Unidos.
La ONG Laboratorio de Paz emitió un análisis en el que señala al menos cinco interrogantes sobre el acuerdo de cooperación militar suscrito el pasado 18 de noviembre entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, desde la perspectiva de los derechos humanos, el Estado de derecho y el control democrático de las instituciones armadas. Según la ONG, la falta de transparencia y la ausencia de cláusulas de protección ciudadana convierten el convenio en un instrumento de alto riesgo para la población venezolana.
El primer señalamiento recae sobre la reserva del texto íntegro. La ONG indica que se desconocen sus cláusulas, duración, obligaciones específicas y mecanismos de supervisión. Laboratorio de Paz sostiene que el argumento del «secreto militar» no justifica esa opacidad, porque existen antecedentes de acuerdos entre ambas naciones cuyos textos fueron publicados oficialmente. Para la ONG, esta práctica vulnera el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
El análisis también cuestiona la falta de información sobre la aprobación parlamentaria. La ONG recuerda que los artículos 154 y 187.18 de la Constitución fijan reglas para la ratificación de tratados, y que el artículo 187.11 atribuye a la Asamblea Nacional la autorización para el ingreso de misiones militares extranjeras. Según la organización, omitir esos procedimientos compromete la legalidad y el control democrático del poder.
Por Venezuela, el acuerdo fue suscrito por Gustavo González López, actual ministro del Interior, Justicia y Paz. Laboratorio de Paz precisa que, aunque no existe una condena judicial en su contra, González López dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) durante períodos investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, y ha sido objeto de sanciones internacionales por su presunta vinculación con estructuras responsables de detenciones arbitrarias y torturas.
Riesgos del convenio
- El convenio contempla entrenamiento, equipamiento e intercambio de capacidades, pero la ONG dice que no se han anunciado condiciones verificables de reforma institucional ni mecanismos independientes de supervisión.
- Según la ONG, no se conocen las reglas sobre el uso de la fuerza, la protección de datos personales, la jurisdicción aplicable en caso de incidentes ni los protocolos de reparación a víctimas.
Laboratorio de Paz advierte que los recursos, armamento y conocimientos transferidos podrían terminar utilizados en la represión de la disidencia política o la protesta social. «La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe respetar los estándares internacionales de derechos humanos», concluye la organización.
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