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Más de 70 presos en Fuerte Guaicaipuro sin techo ni electricidad

Más de 70 personas privadas de libertad en Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda, permanecen en celdas sin techo ni electricidad, según denuncia el OVP.

Redacción Acento Venezuela

Más de 70 personas privadas de libertad permanecen en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, conocido como Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda, en celdas sin techo, sin electricidad y expuestas al sol y a la lluvia. La denuncia la hace el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a partir de testimonios de familiares de los detenidos.

Según relataron los familiares al OVP, las celdas son rejas dentro de un galpón grande, con paredes en algunos sectores pero sin techo. Describen que los funcionarios del SESMAS que actúan como custodios caminan por encima de esas rejas con sus armas en las manos. Los baños colectivos de esa zona no tienen paredes, y como las rejas también hacen de techo, quienes los usan quedan sin privacidad.

Parte del galpón está a la intemperie, por lo que los internos soportan el calor directo del sol sin sombra. Cuando llueve fuerte, no tienen dónde resguardarse.

Huelga de 2024 sin cumplimiento

En 2024, los detenidos hicieron una huelga de hambre en la que pidieron, entre otras mejoras, restablecer la electricidad. El entonces director de Fuerte Guaicaipuro se comprometió a hacer las reparaciones, pero, según el OVP, la promesa no se ha cumplido.

  • La alimentación es deficiente y carece de proteínas, con una dieta basada en granos, harina y arroz.
  • Los familiares deben pagar el suministro de agua apta para consumo humano.
  • Militares detenidos por razones políticas, vinculados al caso Gedeón, denuncian tortura y graves problemas de salud sin servicio médico en el recinto.

El OVP afirma que el recinto no cumple los estándares internacionales y que estas condiciones vulneran las Reglas Mandela de Naciones Unidas. La organización señala que los órganos competentes, entre ellos el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ignoran las denuncias, y anuncia que acudirá a mecanismos internacionales como la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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