Badell denuncia que audiencias de Pdvsa-Cripto se hacen desde las celdas de los acusados

El abogado Rafael Badell Madrid, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, denunció que el juicio por el caso Pdvsa-Cripto, en Venezuela, se sigue realizando con los acusados conectados por videoconferencia desde sus celdas, mientras la jueza permanece en el tribunal, según reveló Tal Cual.

Durante una entrevista en Noche D, Badell afirmó: «Las audiencias se siguen realizando, pero la juez decidió que los imputados iban a tener la audiencia desde sus celdas». Según explicó, los procesados ya no comparecen presencialmente y, a su juicio, esta modalidad vulnera el debido proceso y el Código Orgánico Procesal Penal.

El jurista sostuvo que el expediente agrupa a más de 60 personas, entre ellas antiguos ministros, diputados, funcionarios, empresarios, banqueros y choferes. Denunció que los procesados permanecieron entre dos y tres años detenidos sin juicio y sin acceso adecuado a la defensa, antes de que las audiencias comenzaran en abril de 2026.

Denuncias de torturas y bienes

Badell señaló que se han denunciado torturas y malos tratos, así como la apropiación irregular de haciendas, empresas, hoteles e inmuebles de los detenidos. Afirmó que varios acusados dijeron haber sido torturados incluso en presencia de representantes del Ministerio Público. «Yo no lo digo. Lo dijeron ellos en un juicio y no pasó nada», expresó.

El abogado también sostuvo que las acusaciones sobre pérdidas multimillonarias de recursos petroleros no han sido demostradas en el expediente, según la información que conoce.

Renovación del TSJ

Badell cuestionó el proceso para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Criticó que el baremo otorgue peso a la experiencia previa en el sistema judicial, la integración del Comité de Postulaciones Judiciales con 11 diputados de la Asamblea Nacional y la creación de una instancia ad hoc, que, según él, no está prevista en la Constitución. También rechazó que los magistrados sean nombrados por un período distinto a los 12 años constitucionales.

«El país no puede seguir adelante con un poder judicial cooptado», concluyó.