Asamblea Nacional estudia sustituir la cárcel por multas en la Ley contra el Odio
El diputado Jorge Arreaza confirmó que la comisión parlamentaria examina una reforma que elimina penas de entre 10 y 20 años de prisión en Venezuela.
La Asamblea Nacional de Venezuela estudia eliminar las penas de entre 10 y 20 años de cárcel previstas en la Ley contra el Odio y sustituirlas por multas, trabajo comunitario y otras medidas administrativas. El diputado oficialista Jorge Arreaza confirmó el viernes 13 de noviembre de 2026 que la comisión parlamentaria examina una reforma profunda, aunque la modificación todavía no está aprobada definitivamente ni ha entrado en vigor.
La propuesta obtuvo su primera aprobación legislativa el 3 de noviembre. La norma vigente, promulgada en 2017, contempla penas de prisión para quien promueva o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia. El proyecto, presentado por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, sustituye esas sanciones penales por infracciones administrativas. También propone retirar la posibilidad de revocar concesiones de medios de comunicación por las infracciones previstas en la ley.
Arreaza informó que los diputados evalúan incorporar los seis criterios del Plan de Acción de Rabat para determinar cuándo una expresión constituye incitación: el contexto, la posición del emisor, su intención, el contenido del mensaje, su alcance y la probabilidad de causar daño. El parlamentario también habló de capacitar a los funcionarios encargados de aplicar la norma, reconoció que hubo «excesos y abusos» en su implementación y mencionó posibles sanciones como las disculpas públicas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió que reemplazar la cárcel por sanciones administrativas no elimina necesariamente el riesgo de censura si persisten conceptos amplios y órdenes para retirar publicaciones. La reforma conserva facultades administrativas sobre la difusión de contenidos en medios y redes sociales.
El proyecto debe continuar su trámite parlamentario y recibir aprobación definitiva antes de su promulgación. No se ha fijado una fecha definitiva para completar el debate.
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