AN aprueba en primera discusión reforma de la Ley contra el Odio en Venezuela
La Asamblea Nacional, con mayoría chavista, aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, pese al rechazo de diputados opositores que piden su derogación.

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes, por mayoría calificada y en primera discusión, la reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El proyecto busca cambiar su nombre a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.
Los diputados de oposición denunciaron que no recibieron el texto completo antes de la discusión. Sostienen que la norma debe ser derogada, porque atenta contra la libertad de expresión y criminaliza la disidencia. Aun así, la exposición de motivos fue aprobada.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, defendió mantener instrumentos legales para cuidar la convivencia democrática. Según expuso, el odio no se puede derogar y debe ser contenido por los Estados.
Ocho pilares de la reforma
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, presidente de la comisión especial encargada del proyecto, explicó que la reforma prevé transformar el enfoque punitivo en preventivo y educativo. También contempla eliminar las penas de prisión, sustituyéndolas por multas y trabajos comunitarios.
- Definiciones claras para evitar la discrecionalidad en la aplicación de la norma.
- Multas para prevenir mensajes de odio en redes sociales.
- Sanciones administrativas y exhortaciones a medios de comunicación, sin revocación de concesiones.
El proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según Infante.
La diputada opositora Maite Ochoa afirmó que la norma es «una espada de Damocles» y que debe ser derogada, junto con la Ley Simón Bolívar y la Ley Resorte. Por su parte, el diputado Rubén Limas advirtió que la ley no puede usarse como herramienta de censura contra la disidencia política. Los opositores también pidieron la liberación de las personas consideradas presas políticas.
Rodríguez ordenó a Infante una «consulta amplia» sobre el proyecto antes de su segunda discusión.
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