AN aprueba en primera discusión reforma de la Ley contra el Odio en Venezuela
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó este 3 de noviembre en primera discusión la reforma de la norma, que pasa a llamarse Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.

La Asamblea Nacional de 2025, representada en su mayoría por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aprobó este 3 de noviembre en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, que ahora se llamaría Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia (LCDPT). La aprobación se produjo pese a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre la vulneración de derechos humanos que, según señalan, sigue representando esa normativa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que el odio «no se puede derogar» y mencionó el caso de Orlando Figuera, asesinado en abril de 2017 durante protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Ministerio Público confirmó meses después que el crimen no estuvo vinculado a ningún movimiento político, a las protestas ni a algún tipo de discriminación.
La reforma establece multas calculadas en bolívares que podrían superar los 10 000 dólares. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sería el encargado de fijar el monto según la gravedad, el alcance, el medio utilizado, la intencionalidad, el beneficio económico y la reincidencia.
ONG como Espacio Público denuncian que la reforma mantiene términos «ambiguos» y que no prevé mecanismos para reparar a las más de 900 personas, entre ellas más de 118 adolescentes, detenidas arbitrariamente bajo la ley vigente.
El Grupo Parlamentario Libertad (GPL), integrado por diputados críticos al chavismo, negó su voto. La diputada Amelia Belisario sostuvo que «no hay que reformar el miedo» y que cambiar la cárcel por multas mantiene «su esencia atemorizante y coercitiva». El GPL denunció que envió el 6 de octubre una moción para derogar la ley y que el parlamento no la ha incorporado a la comisión encargada de la reforma ni a las consultas públicas.
El diputado Pedro Infante, del PSUV y miembro de la comisión, defendió la existencia de la ley y afirmó que derogarla «sería negar el problema real de violencia y odio en la política». Según explicó, la reforma busca eliminar el enfoque punitivo y establecer uno educativo.
Rodríguez aseguró que el PSUV «desbloqueó todos los medios de comunicación» que estaban censurados. Las ONG VE Sin Filtro y Espacio Público sostienen que aún quedan más de 100 dominios web bloqueados, entre ellos más de 20 medios de comunicación.
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