Activistas Lgbti denuncian sentencias sin resolver pese a la apertura del Estado
Activistas Lgbti celebran encuentros con el TSJ y la Defensoría del Pueblo, pero reclaman sentencias paralizadas y normas sin aplicar en Venezuela.
En Venezuela, activistas del movimiento Lgbti celebran los encuentros que sostuvieron en mayo con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Defensoría del Pueblo, pero advierten que sus principales reclamos siguen sin respuesta. El 15 de mayo fueron recibidos por Caryslia Rodríguez, presidenta del máximo tribunal, y por Tania D’Amelio, presidenta de la Sala Constitucional. Días después se reunieron con la defensora del Pueblo, Eglée Lobato, a quien presentaron propuestas sobre discriminación, violencia institucional y acceso a derechos.
Giovanni Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, valoró estos acercamientos como una señal positiva. «Reconocemos y festejamos que haya personas dentro del Estado que están comprometidas realmente con nuestra causa», afirmó. Sin embargo, considera que el verdadero examen es resolver expedientes paralizados desde hace años. Entre ellos está la solicitud de nulidad del artículo 44 del Código Civil, que limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer.
La abogada y activista Richelle Briceño señaló que el reclamo se mantiene en la Ley del Registro Civil. El artículo 146, aprobado en 2009, permite modificar el nombre cuando no corresponde con el género, pero el procedimiento no se hace efectivo para la población trans. En julio de 2023, el Consejo Nacional Electoral aprobó un instructivo para tramitar el cambio de nombre en su sede administrativa, pero casi tres años después no ha sido publicado en Gaceta Oficial y, en la práctica, no se aplica.
Marcha del Orgullo con incidentes
El 31 de octubre, la Marcha Nacional del Orgullo en Caracas se realizó tras haber sido postergada desde junio. Briceño denunció que el Gobierno del Distrito Capital, presidido por Nahum Fernández, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), no garantizó la logística habitual, y calificó lo ocurrido como un sabotaje. Los grupos se concentraron en la plaza Brión de Chacaíto.
Briceño también destacó la reglamentación, tras 19 años de mora, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la designación de Oliver Blanco como canciller. Advirtió, sin embargo, que se necesitan decisiones que se traduzcan en políticas públicas, leyes y jurisprudencia para todo el colectivo.
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