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Empresaria venezolana sale de cárcel italiana tras rechazo de extradición y llega a Madrid

La empresaria María Violeta Agüero quedó en libertad en Milán tras siete meses de prisión y llegó a España, donde tiene asilo político.

Redacción Acento Venezuela

La empresaria venezolana María Violeta Agüero abandonó Italia después de que la Audiencia de Apelación de Milán ordenara su puesta en libertad y rechazara la petición de extradición formulada por Venezuela. La resolución puso fin a siete meses de prisión preventiva en la cárcel de San Vittore. Según la información publicada, la empresaria voló a España y aterrizó en el aeropuerto de Barajas.

Agüero fue detenida en Milán el 26 de abril, el mismo día de su llegada a la ciudad. La orden internacional de arresto procedía de un tribunal de Caracas, en una causa por asociación ilícita y estafa. Durante el procedimiento, el Ministerio de Justicia italiano defendió que siguiera encarcelada, mientras que la Fiscalía General se mostró favorable a su traslado a Venezuela.

Su abogado, Alexandro Maria Tirelli, cuestionó que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, hubiera mostrado indiferencia ante el reconocimiento de asilo político en España por su condición de perseguida política. Tirelli afirmó que Nordio pidió en repetidas ocasiones mantenerla en prisión.

La Audiencia de Milán concluyó que no se daban las condiciones para autorizar la extradición. Los jueces señalaron la falta de garantías suficientes para descartar que la empresaria pudiera sufrir un trato inhumano o degradante en Venezuela. El tribunal no entró en el fondo de las acusaciones y limitó su análisis a la extradición y a las condiciones de su eventual traslado.

La causa en Venezuela

Agüero, de 38 años, es copropietaria de Manatha Boutique, empresa dedicada a la comercialización en Venezuela de prendas y complementos de firmas europeas. La causa venezolana surge de la venta, en 2021, de una participación mayoritaria de la empresa. Según la investigación citada por Corriere della Sera, un comprador habría pagado cerca de 200.000 euros y denunció que las participaciones carecían de respaldo y que parte de la mercancía de lujo no existía.

La empresaria tiene dos hijos que residen en España, y en ese país podrá establecerse con el apoyo institucional que recibe como refugiada política.

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