Byron Donalds, gobernador electo de Florida, promete E-Verify y cooperación con ICE
Donalds sucederá a Ron DeSantis tras ganar las elecciones de 2026 con una agenda de control migratorio, verificación laboral y colaboración con Washington.
Byron Donalds sucederá a Ron DeSantis como gobernador de Florida, en Estados Unidos, tras ganar las elecciones de 2026. El republicano prepara una agenda centrada en el control migratorio, la verificación laboral y la colaboración con el Gobierno federal. Sus compromisos aparecen en su plataforma electoral y en declaraciones públicas hechas durante la campaña, y no todos tienen el mismo alcance jurídico.
Lo que prometió en campaña
- E-Verify: propone que cada negocio use este sistema para comprobar la autorización de empleo, cruzando el formulario I-9 de los nuevos empleados con registros federales. Según su planteamiento, la finalidad es confirmar la elegibilidad laboral, no revisar la nacionalidad.
- Ciudades santuario: en un acto en Tampa, en agosto de 2026, afirmó que los funcionarios locales serían removidos si ignoraban las leyes migratorias para crear jurisdicciones santuario.
- Policía y deportaciones: prometió conectar a las fuerzas estatales y locales con las autoridades federales para acelerar la deportación de personas no ciudadanas que cometan delitos.
En julio de 2026, durante una visita a El Arepazo, una arepera ubicada en una gasolinera de Doral, defendió la deportación de quienes permanezcan en Estados Unidos después del vencimiento de su protección temporal (TPS). Según el texto, esa postura no implica que todos los antiguos beneficiarios del TPS queden automáticamente en la misma situación, porque algunos pueden conservar otro estatus vigente.
Según El Comercio, la plataforma no precisa un calendario, excepciones ni sanciones para E-Verify. Tampoco detalla qué servicios públicos retiraría bajo el apartado No Taxpayer Handouts ni presenta un plan para construir nuevos centros de detención.
Las medidas dependerán de los instrumentos legales que se adopten. La legislación estatal de 2025 obliga a los sheriffs o responsables de centros de detención de los condados a firmar acuerdos 287(g), pero no exige lo mismo a todos los municipios.
Fuente original: El Comercio. Nota elaborada por la Redacción de Acento Venezuela a partir de esa información.
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