Alcaldesa de Miami-Dade pide al Congreso de EE.UU. restablecer el TPS a venezolanos

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, solicitó el miércoles 11 de noviembre al Congreso de Estados Unidos restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, haitianos, hondureños y nicaragüenses. Su petición busca una intervención legislativa que evite nuevas deportaciones y la pérdida de autorizaciones de trabajo tras las cancelaciones impulsadas por la administración de Donald Trump.

La carta, fechada el 10 de noviembre, está dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al líder republicano del Senado, John Thune; y a los dirigentes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer. También fue remitida a la delegación congresional de Florida. En su cuenta de X, la funcionaria relacionó su pedido con los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Levine Cava planteó tres acciones: recuperar por ley las designaciones canceladas mientras persistan condiciones que impidan retornos seguros, mantener las autorizaciones laborales de los beneficiarios actuales y recientes, y fortalecer los mecanismos judiciales y parlamentarios de revisión de las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas propuestas requieren legislación federal.

La funcionaria también respaldó el proyecto H.R. 9944, Temporary Protected Status Review Act, presentado el 23 de julio por la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz. La iniciativa sigue en trámite y no ha sido aprobada como ley.

Según las cifras de la carta, a comienzos de 2025 existían designaciones de TPS para ciudadanos de 17 países, con cerca de 1,4 millones de beneficiarios. Levine Cava sostuvo que desde entonces se han terminado 13 designaciones, con repercusiones para más de 1,1 millones de inmigrantes.

El reclamo tiene antecedentes en el condado. El 22 de julio, la administración de Miami-Dade reunió a representantes empresariales, sindicales y del sector sanitario para advertir sobre las consecuencias económicas de la terminación del TPS para haitianos. Un comunicado oficial del condado señaló que decenas de miles de residentes podían resultar afectados, sobre todo en salud, hotelería y servicios.

Por otra parte, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el 3 de noviembre una suspensión administrativa de 14 días en el litigio National TPS Alliance v. Mullin, después de que la Corte Suprema devolviera el expediente para una nueva evaluación.

En la carta, Levine Cava afirmó: «Nuestras familias no pueden esperar, y el Congreso tampoco debería hacerlo».

• Cifras de la carta: 2,7 millones de residentes en el condado de Miami-Dade.