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Economía

Ley Eléctrica mantiene control estatal y centralismo, advierte Cedice-Libertad

Cedice-Libertad advierte que la reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional mantiene la reserva estatal y el monopolio en Venezuela.

Redacción Acento Venezuela

La Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó este martes la reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional, que el régimen interino de Delcy Rodríguez presenta como la vía para superar la crisis del sector eléctrico en Venezuela, marcada por apagones desde hace más de una década.

En la asamblea anual de Fedecámaras, Rodríguez afirmó que la norma "permitirá la participación privada en los procesos de generación, transmisión y distribución". El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, dijo que la ley busca "fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica".

El think tank Cedice-Libertad, a través de su aplicación Liberalmente, analizó el texto y advierte que la reserva exclusiva al Estado de la generación hidroeléctrica en cuencas específicas, la transmisión troncal y la distribución en áreas estratégicas bloquea la competencia. Según esa evaluación, esto perpetúa un monopolio estatal que se refuerza con privilegios hacia empresas y cooperativas del poder popular.

Expropiaciones y bienes

Cedice-Libertad reconoce como positivo que la ley establezca un procedimiento judicial para expropiaciones y servidumbres. Sin embargo, critica el artículo 31, que exige que la empresa operadora transfiera "libres de gravámenes" los bienes incorporados a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sin un mecanismo claro de compensación por el valor no amortizado.

  • Concesión ministerial discrecional para generación superior a 50 megavatios.
  • Prioridad a la empresa operadora del Estado en sistemas independientes.

El oficialismo sostiene que la herramienta transformará el sector tras una década de intervencionismo. Cedice-Libertad concluye que la reserva estatal de actividades completas y estas prioridades "sustituyen ampliamente la iniciativa privada por la decisión estatal en los segmentos más relevantes del sistema".

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